Diversidad e inclusión de la mano con la política publica.
La Política publica se enfatiza en el desarrollo de las capacidades de las personas , en todo el ciclo vital; teniendo en cuenta condiciones diferenciales de edad, género, etnia, orientación sexual, afectación por hechos victimizantes y otras vulnerabilidades. La discapacidad es un fenómeno multidimensional, se soporta en tres marcos de referencia para la acción: Protección Social - orientado a la persona, Compensación y Cohesión Social - orientado a la familia y comunidad local -, y Equiparación Para el Desarrollo - orientado a la sociedad en general. La Política Pública Departamental de Discapacidad e Inclusión Social, apropia las definiciones establecidas en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en armonía con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La discapacidad es actualmente entendida, no sólo desde una perspectiva médica en la que se privilegia la funcionalidad del individuo, sino desde un modelo relacional que hace referencia a la inclusión y a la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un atributo de la persona; aunque exista la deficiencia física, sensorial, intelectual o mental, se debe entender como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.
La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. (Ley 1618 de febrero 27 de 2013)
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