La Política Pública en diversidad sexual y de género es resultado de un proceso que, más que un cierre, es una
oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más influyente y respetuosa de aquellas personas que por su orientación sexual o identidad de género han sido excluidas de su ejercicio como
ciudadanos y ciudadanas. Es bueno incentivar independientemente de la orilla desde
donde nos situemos a generar transformaciones en los modos de relacionarnos
con el Otro y lo Otro, para desaprender y transformar juicios de maneras que comprendamos aquello que no comprendemos desde una lógica de la diferencia
como amenaza y que por ello a veces, actuamos y justificamos su discriminación y exclusión.
Este es un logro del Estado Social de Derecho y la expresión de que es posible
configurar escenarios de diálogo y consenso entre los gobiernos regionales y la
sociedad civil. Para llegar a este resultado inicial de política pública es necesario una interlocución constante y cara a cara con los diferentes grupos, colectivos y personas LGBTI que habitan en el país, situando allí sus particularidades y diversidades. Sumado a lo anterior, ha sido una posibilidad de acercar al Estado a
lugares donde estas temáticas estaban in-visibilizadas o aprisionadas por creencias de orden moral y religioso que borraban derechos y obligaban a muchos a permanecer ocultos como una manera de protegerse del
prejuicio y de la homolesbotransfobia que históricamente se ha naturalizado
en nuestras sociedades y que desconoce y vulnera los derechos de estos grupos
sociales.
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